Analizamos esta semana el acceso al agua potable, saneada y de calidad y el comportamiento de quien la gestiona en Euskadi.

Si bien se trata de un derecho humano, ocurre desde hace un tiempo que quien lleva a cabo todo lo relacionado con este bien común es el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, un ente privado gestionado por los ayuntamientos que nos cobran las tasas. Sin embargo, el ente carece por completo de transparencia, representado en su mayoría por alcaldes y concejales del gobierno. La cuestión es que en dicha representación, no entra quien paga y mantiene el servicio, la ciudadanía, por lo que no se puede hablar de un ente democrático y social.

Además, el número de habitantes de cada municipio está configurado de forma desproporcional respecto a los votos que puede emitir cada persona candidata. En poblaciones inferiores a 25.000, por ejemplo, disponen de un solo representante, mientras que en las de más de 100.000, cuentan con tres. Para hacerse a la idea, a Bilbao, con algo más de 300.000 habitantes, le corresponden 50 votos y Getxo y Barakaldo, con más de 75.000 y 100.000 respectivamente, optan a 30. Por no hablar de una corporación local inferior a 2.000, que tendría derecho a dos simples votos.

La posición de EKA/ACUV es clara en este sentido: la titularidad debería ser pública, entendiendo la representatividad y gestión de forma transparente, plural y abierta a la participación ciudadana efectiva, con dirigentes de pimes, y áreas como el comercio, la hostelería, agricultura, industria y ganadería, entre otros. En opinión del presidente de la asociación, Koldo Nabaskues, ya se llevó a cabo un manifiesto a través de la plataforma Ur publikoa, en el que sindicatos, Ekologistak martxan, coordinadoras de ONGs y asociaciones vecinales solicitaban dicha gestión transparente, plural y abierta. “En la actualidad, el ente muestra una opacidad total, y pagamos las tarifas que ellos imponen, incluidos los grandes salarios de quienes intervienen en el consorcio”, resalta.

Los elementos que componen nuestra factura del agua son las tarifas y tasas fijadas por ellos, para paliar el abastecimiento, saneamiento, contadores y aguas residuales, suponiendo un coste del servicio en Euskadi superior a la media nacional. Y al hilo de todo ello, cabe destacar también otra injusticia, y es que se paga por hogares, no por persona, independientemente de que en una casa viva una familia de 4 o más miembros o una sola persona. Ni siquiera se aplican deducciones por familia numerosa o se contemplan los niveles económicos.

“Las familias con dependencia crónica o la gente en paro son factores determinantes y que deberían importar a la hora de aplicar unos recibos u otros, así como primar la responsabilidad en el consumo del agua, como su uso en la ducha o el aprovechamiento de programas eficientes en la lavadora”, recalca Koldo. Continúa diciendo que por el contrario, “las facturas no hacen estas distinciones. Nadie sabe qué es de las inversiones, cómo se hacen, por qué las tarifas son estas y no otras y no hay tampoco diferencia entre el pago entre el abastecimiento y el saneamiento, algo que no deja de ser llamativo. Deberíamos exigir gastos detallados y poder intervenir en ellos”.

Finalmente, concluye su postura mostrando su preocupación por la tendencia existente de ceder el entramado de la distribución a una empresa privada, donde todo el control podría caer en manos de neocapitalistas y conservadores.

Abogamos por un agua social, democrática y sostenible. No discriminemos a nadie por su condición económica, es un derecho universal.