La nueva Ley de Crédito Inmobiliario, que se encuentra en tramitación, debe sentar con nitidez y con justicia cómo deben repartirse, entre el banco y el cliente, los gastos de constitución de hipoteca.

Bochornoso, lamentable, insólito, burla a los ciudadanos, “bajada de pantalones” ante la banca… El aluvión de descalificaciones desde prácticamente todos los sectores sociales (a excepción de, lógicamente, la banca, que está de enhorabuena) no deja de crecer desde que ayer a última hora se supo que el Tribunal Supremo anulaba tres sentencias de su propia Sala de lo Contencioso-Administrativo, de hace apenas tres semanas, determinando, de nuevo, que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados debe pagarlo el cliente y no el banco.

EKA/ACUV se suma a la indignación general manifestada en las últimas horas contra el Tribunal Supremo y espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda de nuevo enmendar la plana al alto tribunal español como ocurrió con la no retroactividad en la sentencia del Supremo sobre las cláusulas suelo en 2013.

Esta organización se suma también a las voces que piden al Gobierno de Madrid que se decida a cancelar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que es pagado por los clientes que firman una hipoteca desde que entró en vigor el 29 de mayo de 1995 y que no tiene más sentido que un descarado afán recaudatorio.

Confiamos también en que sea definitivamente aprobada y entre lo antes posible en vigor la nueva Ley de Crédito Inmobiliario y que esta fije con nitidez y con justicia cómo deben repartirse, entre el banco y el cliente, los gastos de constitución de hipoteca: notaría, gestoría, tasación, Registro…

En la dura y merecida censura general que ha cosechado el Supremo, y por extensión la justicia española, EKA/ACUV echa en falta una crítica similar, e incluso más dura, a los partidos políticos que, desde la recuperación de la democracia, han formado las sucesivas mayorías parlamentarias y los gobiernos en todas las legislaturas. Porque su inacción legislativa ha permitido que la banca haga prácticamente lo que le da la gana y abuse sistemáticamente de los consumidores, obligando a estos, a falta de leyes y normativas claras y tajantes en la mayoría de los aspectos del negocio financiero, a pelearse con los bancos en los tribunales.

¿Cómo es posible, por ejemplo, que durante tantísimos años no haya habido, y siga sin haber a día de hoy, una ley como la que ahora se está preparando que diga qué debe pagar el banco y qué debe pagar el cliente cuando se firma una hipoteca? ¿Cómo es posible que no exista ninguna ley, normativa o reglamento específico que determine qué comisiones pueden cobrar los bancos y por qué cuantía, permitiéndose así que apliquen las comisiones que les viene en gana, que se inventen prácticamente una nueva comisión cada día, que la cobren al precio que les parece… sin más obligación, para ello, que advertir previamente al Banco de España de que van a hacerlo?

Además de los propios bancos, por supuesto, los partidos políticos que han gobernado y gobiernan en España son (mucho más que la justicia) los principales responsables de que la ciudadanía sufra un abuso constante, inclemente y además creciente por parte del sistema financiero, encantado con la laxitud legal de la que disfruta.