El Ejecutivo ha aprobado esta semana la primera serie de medidas destinadas a reducir los costes del gas y proteger a las personas consumidoras mediante el Plan Más Seguridad Energética. También impulsa la vivienda de alquiler asequible.

Incentivos para las calderas de comunidades de vecinos

Entre las propuestas aprobadas, destaca que las comunidades de propietarios podrán beneficiarse del límite impuesto al precio del gas para las calefacciones centrales. prometen un nivel de protección equivalente al de la tarifa regulada (TUR).

Hasta el momento, las personas usuarias debían contratar una tarifa de mercado libre, –al igual que las entidades-, porque por tamaño y demanda superior a 50.000 kwh no podían acogerse a la TUR, destinada exclusivamente a los hogares. El objetivo ahora es que estas comunidades tengan una protección pareja a la que disponen desde hace un año las familias. En Euskadi serán entorno a 120.000 los hogares beneficiarios. La diferencia puede ser de cientos de euros en la factura.

Estas comunidades deberán tener instalados sistemas de contadores individualizados antes del final de septiembre de 2023 y revisar las calderas para asegurar que funcionan de la manera más eficiente posible. Si las comunidades de propietarios se mantienen en torno a los consumos promedio de los últimos años, la suma de la reducción fiscal de los costes fijos y la nueva tarifa especial supondrá en torno a un 50% de ahorro.

En cuanto a la factura eléctrica, una nueva tarifa, también de carácter temporal, beneficiará a las clases medias y trabajadoras. En concreto, las familias que cuenten con hasta 28.000 euros de ingresos, siendo convivientes, podrán disfrutar de un descuento especial de hasta el 40% de la electricidad que consumen.

Además, se incrementa la cobertura del bono social eléctrico hasta el 65 y el 80% de descuento para vulnerables y vulnerables severos, respectivamente, y se elevan igualmente las ayudas para el bono social térmico.

Desde EKA/ACUV nos mostramos favorables a todas estas ayudas dirigidas a fomentar el ahorro y a la transición a las fuentes de renovables. Es el camino para mejorar la autonomía energética y aumentar la competitividad de la economía. No podemos permitir que haya comunidades que tengan que cerrar el sistema de calefacción central por haber familias que no pueden hacer frente a los pagos mensuales.

Detrás de estas medidas subyace el verdadero problema: la opacidad del sistema en el cálculo de los precios.