Por un consumo responsable, crítico y sostenible
Cada 15 de marzo se celebra el Día Mundial de la persona Consumidora, una buena oportunidad para recordar nuestros derechos. Este año la reivindicación gira entorno a unas finanzas digitales justas y sostenibles, con la inclusión de toda la ciudadanía como eje prioritario.
La exclusión financiera es un problema que afecta a muchas personas usuarias. Desde EKA/ACUV, creemos firmemente que la mejor solución pasa por desarrollar tecnologías inclusivas para los colectivos de mayores y personas con discapacidad que garanticen la accesibilidad a los servicios bancarios esenciales. Además, deben implementarse programas de alfabetización digital y financiera mediante cursos o talleres para facilitar el aprendizaje en el manejo de estas herramientas.
Más allá del acontecimiento que se conmemora en esta ocasión, las diversas plataformas y asociaciones de consumo a lo largo y ancho de nuestra geografía aprovechan esta fecha para dar a conocer a la ciudadanía la labor realizada para velar por la protección de las personas consumidoras frente a los riesgos para su salud, promoción y protección de sus intereses económicos y la garantía del acceso a una información transparente y veraz de los productos y servicios.
Es importante adaptar nuestros hábitos de consumo al comercio online y a la protección del medio ambiente. Desde la asociación apostamos por una economía circular, donde las clásicas tres “R”s adquieran protagonismo: reciclar, reducir, reutilizar. Tampoco podemos olvidar a los colectivos de mayor vulnerabilidad, que por determinadas circunstancias demográficas, nivel de renta, cultural, salud o discapacidad, se encuentran más expuestos a fraudes, abusos, estafas y engaños.
La primera vez que se celebró el Día Mundial de los Derechos del Consumidor fue en 1983, por lo que esta será la 39ª edición. La ONU eligió esta fecha por coincidir con la efeméride del discurso de John F. Kennedy en el que reivindicó la importancia de proteger a las personas consumidoras. Asimismo, la Constitución española recoge en su artículo 51 la garantía de la defensa de los consumidores por parte de los poderes públicos.