En la actualidad, decenas de empresas españolas anuncian cursos a distancia por importe de miles de euros, que en la práctica apenas se ajustan a lo prometido. Los expertos destacan que las compañías se aprovechan del desconocimiento general de la Ley de Defensa de las personas consumidoras y Usuarias para retener al alumnado bajo compromiso contractual.

Con la búsqueda de empleo o nuevas metas, en ocasiones se nos exige que ampliemos la formación y un título específico que avale los conocimientos para desempeñar un puesto. Por este motivo, normalmente recurrimos a la red en búsqueda de cursos que se adapten a nuestras necesidades. A la hora de contactar con una academia para contratar un curso, la persona que nos atiende nos garantiza un campus virtual, un tutor disponible para cualquier duda, exámenes, proyectos finales, título acreditado, convenio de prácticas e incluso un alto porcentaje de probabilidades laborales al finalizar. Con ilusión, firmamos el contrato y abonamos la inscripción y el primer plazo, teniendo en cuenta que estos muchas veces van vinculados a créditos bancarios que se ocultan al alumnado.

Iniciada la formación, sin embargo, son muchas las personas usuarias que se han visto defraudadas por materiales obsoletos o mal elaborados y contenidos irrelevantes en relación con el curso ofertado. Tutorías online que no cumplen sus expectativas y campus virtuales cuyo contenido se limita a diapositivas y vídeos cortos y escasos obtenidos de la red.

Decidimos entonces darnos de baja, pero al llamar al centro o ponernos en contacto con la página, responden que ya existe un contrato firmado y que su rescisión no es posible. De esta manera, la víctima se ve obligada a continuar abonando los importes de un curso o certificado de precios a veces milenarios. En definitiva, un completo desengaño. Algo que sucede a jóvenes en su gran mayoría, pero también a gente de edad más avanzada.

¿Cómo denunciar este tipo de abusos?

Si llegamos a un acuerdo con el centro, o este se somete al arbitraje de consumo, la solución siempre será más factible. DE lo contrario, se recomiendan los siguientes pasos y aspectos a tener en consideración:

• Conservar los justificantes de haber reclamado al centro.
• Notificar fehacientemente (burofax) al centro la resolución del contrato y sus motivos, ya sea por algún incumplimiento por su parte o por otros motivos demostrables.
• Si no hemos financiado el curso y lo hemos pagado completamente deberemos denunciar directamente ante las OMIC o una asociación de personas consumidoras como EKA/ACUV.
• Si hemos financiado el curso y la financiera es la propuesta por el centro de formación, deberemos notificar a la entidad la resolución del contrato enviando una copia de los créditos vinculados.
• Si hemos financiado el curso con un banco y esta no es la propuesta por el centro, entonces no tendremos más remedio que seguir pagando el crédito o préstamo.
• Los pasos finales serán siempre denunciar al centro y valorar si la cuantía pagada por el curso o certificado es suficiente para proceder a reclamar judicialmente. Si disponemos de un seguro de defensa jurídica, incluso, podremos aprovechar dicha vía para tramitar la reclamación.

Recopila y ten a mano toda la documentación: preacuerdos, cualquier tipo de publicidad, el contrato, recibos, facturas o cualquier otro documento que acredite un compromiso por escrito relativo a proporcionar una formación en los términos previstos