Desde EKA/ACUV hemos firmado, junto a OCU y ConsumES, un manifiesto conjunto para alertar del riesgo que supone el actual texto del Proyecto de Ley de Acciones Colectivas.
Tal y como está redactado, lejos de fortalecer los derechos colectivos, puede abrir la puerta a un modelo judicial mercantilizado, donde se prioricen los intereses de grandes operadores frente a los de la ciudadanía.
Una norma que debilita la defensa colectiva
Durante décadas, las asociaciones de personas consumidoras sin ánimo de lucro hemos liderado importantes acciones judiciales en defensa del interés general. Lo hemos hecho con independencia, cercanía y experiencia contrastada.
Sin embargo, el nuevo Proyecto de Ley plantea un escenario radicalmente distinto: la posibilidad de que fondos de inversión, despachos especializados o entidades sin base social puedan encabezar demandas colectivas, sin garantizar ni el rigor ni la representatividad necesarias.
Se prioriza la rapidez en la admisión de las demandas, sin asegurar que quienes las promueven tengan realmente un compromiso con el interés de las personas afectadas.
El sistema “opt-out”: inclusión sin consentimiento
Uno de los aspectos más controvertidos es la implantación automática del sistema opt-out, que incluye por defecto a las personas consumidoras en una acción colectiva sin que hayan dado su consentimiento ni tengan conocimiento directo del proceso.
Este modelo reduce drásticamente la transparencia y pone en entredicho el derecho a una tutela judicial efectiva. Las personas consumidoras deben saber qué se reclama, cómo les afecta y qué derechos tienen. No pueden convertirse en una cifra más dentro de procedimientos que ni siquiera conocen.
¿Primera en llegar, primera en demandar?
Otro punto problemático es el principio de prioridad temporal, que otorga preferencia a la primera demanda presentada, sin tener en cuenta su calidad jurídica ni la trayectoria de la entidad que la promueve. Esto puede generar una “carrera” por presentar demandas precipitadas y mal fundamentadas, con un claro perjuicio para las personas afectadas.
Además, el texto actual no exige ningún criterio de representatividad: cualquier entidad, por el simple hecho de estar inscrita, podría interponer acciones colectivas sin experiencia previa ni base asociativa. Este enfoque contradice el espíritu de la Directiva europea, que busca proteger de forma eficaz los intereses colectivos a través de organizaciones con solvencia y compromiso público.
Reuniones con grupos parlamentarios
Desde EKA/ACUV ya hemos iniciado una ronda de reuniones con diversos grupos parlamentarios para trasladar estas preocupaciones y proponer enmiendas concretas que mejoren el texto. Nuestro objetivo es que el futuro marco legal refuerce, y no debilite, el papel de las asociaciones de consumidores y usuarias como actores legítimos, independientes y eficaces en la defensa colectiva.
El Proyecto de Ley no debería convertirse en una herramienta al servicio de intereses mercantiles, sino en una garantía efectiva de acceso a la justicia para la ciudadanía organizada.
Una ley al servicio de las personas, no del mercado
Desde EKA/ACUV, junto a OCU y ConsumES, hacemos un llamamiento urgente a la ciudadanía, medios de comunicación y responsables políticos para que no se apruebe una ley que, en su forma actual, pone en riesgo la esencia misma de la defensa colectiva.
Necesitamos una ley justa, eficaz y transparente, que refuerce los derechos de las personas consumidoras y garantice que el acceso a la justicia no se convierta en un nuevo nicho de negocio, sino en una verdadera herramienta de empoderamiento social.